SÍ, ES POSIBLE UNA EDUCACIÓN MUNICIPAL DE CALIDAD

Desde la perspectiva de la administración educativa municipal, los diagnósticos sobre esta educación deben triangularse con la experiencia empírica cotidiana. Los DAEM o las Corporaciones Municipales están de acuerdo con casi todos los síntomas que MINEDUC y los expertos de la educación advierten en el sistema escolar chileno. Sin embargo, desde la práctica no se puede estar de acuerdo con el origen o la causa de esos síntomas, y menos aún con el tratamiento que se propone.

Al analizar la administración municipal nos encontramos con segregación educativa, apatía docente, escasez de liderazgo directivo, financiamiento deficitario y doble dependencia que diferencia lo administrativo y lo técnico. A lo anterior se agrega una importante diversidad en términos de población, número de establecimientos, nivel socioeconómico de los alumnos, área geográfica e ingresos financieros del municipio. Aún cuando lo más relevante de esta heterogeneidad, radica en la importancia que la autoridad local le otorgue a la educación pública y la calidad técnica del equipo profesional que conduce.

El origen de estos síntomas nace con la fundación autoritaria del proceso de municipalización y con la disminución radical del financiamiento y no por la capacidad de gestión de los municipios. Dicho de otro modo, el proceso de deterioro de la calidad del servicio público no se debe a la mala gestión, sino a una opción política y administrativa que surgió en un contexto no democrático, donde los actores educativos no tuvieron ninguna participación.

Fortalecer el sistema de educación pública es, hasta el momento, el único mecanismo probado que las sociedades desarrolladas utilizan para asegurar programas estratégicos nacionales de corto, mediano y largo plazo. Por el contrario, si nuestro país sigue obnubilado por el modelo de la empresa privada, la educación podría llegar a ser rentable financieramente, pero ello no asegura mecánicamente un aumento de la calidad. De hecho, salvo excepciones, los estándares de calidad tanto de la educación pública como de la privada se han deteriorado ostensiblemente en las últimas décadas, situación que constata una reciente evaluación internacional. Sin embargo, mediáticamente la educación municipalizada carga con la responsabilidad de este deterioro, estigmatizándosela en relación a la particular subvencionada y particular privada.

Aunque la Educación Municipal compite en desigualdad de condiciones con las otras, debido a razones vinculadas a un limitado financiamiento, a una normativa que limita sus facultades de decisión y a un tipo de estudiantes que requieren una atención preferencial, sus resultados no muestran una diferencia significativa. Por tanto, no podemos tener mejor gestión municipal y una oferta de calidad cuando se ha limitado desde su origen, permanentemente, el ámbito de responsabilidad y los recursos económicos a este sector.

Para mejorar la calidad de la educación nacional, la autoridad ha desarrollado una enorme variedad de programas de mejoramiento educativo, con un escaso impacto debido a la fragmentación de las iniciativas. Es así como, la gran cantidad de recursos humanos y financieros que ha invertido el Estado en programas de perfeccionamiento y asistencia técnica, no se condicen con los resultados obtenidos. Existe evidencia para señalar que buena parte de los programas ministeriales han estado muy por debajo de las expectativas generadas.

Desde la práctica, podemos señalar que la solución pasa porque la autoridad y la sociedad en su conjunto, manifiesten su voluntad concreta de confiar y fortalecer el rol de la educación pública. La estimulación a instituciones privadas que reemplacen la asistencia técnica que debe realizar MINEDUC, proponer que entidades supracomunales administren las escuelas municipalizadas, forzar la aprobación de un sistema de subvención diferenciada que generará más segregación educativa, son evidencias claras de la desconfianza que, desde la autoridad se tiene, al sistema de educación municipalizada, especialmente cuando los actores municipales no participan directamente en el debate de estas iniciativas.

Algunos sectores señalan que una institución privada instalada en sectores de pobreza obtiene mejores resultados que una escuela municipalizada, pero se olvida que estas instituciones llegan a estas comunas pobres con una gran capacidad de recursos, apoyadas permanentemente por instituciones filantrópicas o privadas. Si el Estado otorgara los mismos recursos a las escuelas municipales, sería aceptable la comparación.

Mientras la autoridad no tenga la firme voluntad de entregar los recursos financieros y legales al sistema municipal y ello no se realice a través de la coordinación integral de una Dirección de Educación que cuente con facultades para intervenir administrativa y pedagógicamente en los establecimientos escolares, no será posible revertir el proceso de deterioro de la calidad de la educación en nuestro país.

Observatorio Chileno de Políticas Educativas