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Published on octubre 18th, 2018 | by editor

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Declaración Foro por el Derecho a la Educación Pública ante proyecto Aula Segura

Respecto al proyecto de ley presentado por el Gobierno que obliga a las escuelas y liceos a incorporar a sus reglamentos internos una vía rápida para expulsar estudiantes por hechos de violencia.

a) Rechazamos el proyecto porque es una agresión al Derecho a la Educación Pública de todas y todos las niñas y niños y jóvenes del país y criminaliza al movimiento estudiantil. Vemos en esta iniciativa uno más de los intentos del gobierno de Sebastián Piñera por restaurar el orden neoliberal antidemocrático, que comenzó a ser fisurado por el movimiento secundario desde el 2006 y lo que ha impactado en la aparición de numerosos movimientos sociales a la fecha.

b) Lamentamos el hecho que se vea en este tipo de iniciativa una solución a las problemáticas educativas. El gobierno aprovecha el descontento y sensación de indefensión en que se encuentran las y los profesores, para intentar dividir a las comunidades y al movimiento social. Rechazamos este tipo manipulaciones que al decir atender un problema de las y los actores educativos, termina minando la democracia de las escuelas, abriendo más  espacios a la mercantilización de la educación.

c) Ya el 2011 se expulsaron más de 11000 estudiantes por movilizarse en defensa de la educación pública. Durante estos años han continuado las expulsiones, reubicaciones y otro tipo de sanciones a las y los estudiantes que se manifiestan en defensa de la educación pública. A esto agregamos la constante violencia y acoso policial a las/os estudiantes que se organizan y movilizan. Estas medidas han fracturado a las comunidades y son, en parte, responsables del clima de desconfianza que se vive en los establecimientos educacionales.

c) La violencia que impera en las escuelas es reflejo de una sociedad golpeada por la desigualdad. La educación pública es hoy uno de los lugares en que más se expresa la discriminación y la agresión que genera la competencia capitalista. Como consecuencia de esto y las medidas mercantilizadoras de los sucesivos gobiernos, hoy sólo tenemos el 30% de matrícula en las escuelas públicas, es urgente fortalecerlas y no estigmatizarlas más.

d) Recordamos que cuando se promovió la resolutividad de los consejos escolares, la derecha se opuso amparándose en la libertad de enseñanza. Hoy, paradójicamente, se atenta contra la autodeterminación de las comunidades educativas obligándolas a asumir un reglamento arbitrario y punitivo, que no respeta el debido proceso ni el derecho a la educación. Los sostenedores tienen libertad para coartar la participación de las comunidades y las
comunidades no tienen libertad para rechazar este tipo de medidas.

f) Llamamos a las comunidades educativas a unirse y no a dividirse. A rechazar este proyecto y abrir un proceso de debate que nos una como comunidad en defensa de nuestras escuelas públicas. La comunidad educativa debe ser quien defina sus reglas de convivencia, basadas en el derecho y nunca en la punición.

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