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Published on mayo 23rd, 2019 | by editor

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La violencia en la escuela pública y la “reglamentarización” de la convivencia escolar

Juan González López – Foro por el Derecho a la Educación Pública/OPECH

El año 2008 se publicaba el estudio “La convivencia escolar, componente indispensable del derecho a la educación” en el que la UNICEF indagaba sobre los reglamentos internos en establecimientos educacionales de la Región Metropolitana. Los resultados sorprenden, por ejemplo mostraban que más del 50 % de los reglamentos no se ajustaban al orden legal vigente, es decir trasgredían u omitían derechos, en particular respecto a temas disciplinarios. Se señalaba además que los reglamentos se reducían a una serie de reglas orientadas solo a cuestiones disciplinarias, que no miraban el conjunto de la comunidad, ni las relaciones, ni las responsabilidades de todos los estamentos en la construcción de la realidad. Además la participación de la comunidad no estaba validada en la gran mayoría de ellos. Finalmente el estudio recomendaba no usar los reglamentos para regular la convivencia en las escuelas, al menos no así como estaban (UNICEF, 2008). 

El año 2011, tras una mediática campaña sobre el Bullying en las escuelas (durante meses vimos en los matinales todo tipo de casos), se promulga la ley de Violencia Escolar.  Ella, señala en su artículo f) que cada establecimiento “debe contar con un reglamento interno que regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar” (ley 20.536, 2011). Agrega que estos reglamentos “deben incorporar políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación y diversas conductas que constituyan falta a la buena convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor gravedad.” Agrega que “(…) establecerá las medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas, que podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula”. (Ley, 20.536, 2011) La ley, propuesta supuestamente para afrontar el Bullying y la potencial agresión a profesores, finalmente termina validando los reglamentos como herramienta para regular los comportamientos en la escuela.

También  se instituye algo que no estaba dicho en ley alguna, se puede, en determinados casos,  expulsar o  cancelar la matrícula a un/a niño/a de la educación pública. De hecho establece un procedimiento gradual y con un “justo procedimiento”, el cual deberá estar establecido en el reglamento”. (Ley, 20.536, 2011). El mismo 2011, según denuncias recibidas por la Red de Abogados en Defensa de los Derechos de los Estudiantes (RADDE), cerca de 11.000 jóvenes fueron expulsados o se les canceló la matrícula en todo el territorio nacional (Vejar, 2012). Sólo según denuncias recibidas por la superintendencia de educación, cerca de 500 estudiantes han sido expulsados de sus establecimientos cada año. El Primer Informe Nacional sobre Expulsión Escolar de la Superintendencia de Educación señala que, según denuncias, el año 2015 hubo 1,3 alumnos expulsados al día (de estos, el 27% perdió su año escolar). (Superintendencia, 2016). Tras esto se esconde una cifra oscura. ¿Qué pasa con todas/os son las/os que no denuncian, son reubicados o simplemente se les cancela la matrícula?  En algunos Liceos, tras período de movilizaciones, han sido expulsados, reubicados /as o cancelada su matrícula a decenas de estudiantes con la excusa de normalizar el clima en las escuelas.

Resulta conveniente destacar que la interrupción de la trayectoria educativa tiene graves consecuencias en el plan de vida las/os jóvenes. Sabemos que en Chile ya hay casi 80.000 niñas/os y jóvenes fuera del sistema escolar. Sabemos que un gran porcentaje de los niños/as y jóvenes que ve interrumpida su trayectoria educativa, termina abandonando definitivamente la escuela y cae en la “exclusión educativa”.

Con la interrupción de la trayectoria educativa, la niña/o abandona la escuela y la escuela la/o abandona a ella y a él. Pierde sus relaciones afectivas, redes de apoyo institucional, pierde el espacio cotidiano, ritos personales y familiares. En consecuencia, ve gravemente afectada si identidad, su proyección personal y proyecto de vida (Terigi, 2004). Cabe entonces preguntarse ¿Cómo puede ser la reubicación, cancelación de la matrícula o expulsión, una medida educativa? 

La ley Aula Segura agrava la situación. Esta “ley” da al “director la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento, y que conlleven como sanción” (..) “la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley.” Además establece un plazo de apenas 5 días para apelar a tal decisión, de no resolverse, el alumno(a) es expulsado inapelablemente. El Estado lo avala, incluso dice que “velará por la reubicación del estudiante sancionado, en establecimientos que cuenten con profesionales que presten apoyo psicosocial.” (Ley 21.128,2019)

Tras aprobada la ley en el congreso, se ha intensificado el problema. Particularmente en la comuna de Santiago. Se activan las movilizaciones en algunos liceos, crece el descontento por la crisis que atraviesa la educación pública, se endurecen los reglamentos, se criminaliza a algunas/os estudiantes y aumentan los expulsadas/os.   Si bien la crisis genera violencia, debemos tratar la causa no el síntoma. ¿Es la solución apartar a la manzana podrida? Eso es eugenesia, un pésimo enfoque para aplicarlo en la escuela.

Las/os educadores debemos, al menos, una reflexión sobre el daño psicosocial en niñas/os, familias y comunidades tras la ola de expulsiones. La convivencia escolar no se puede reducir a un reglamento ¿Para qué están los consejos escolares, los equipos psicosociales, la experiencia pedagógica de las/os docentes?  O mejor aún. ¿Qué ocurre con los problemas de fondo? Ninguna escuela que haya tenido una significativa mejora de sus condiciones educativas (infraestructura, mejora de las condiciones de trabajadoras/es, mayor participación, etc.) ha tenido tales problemas. Claramente se fracturó el diálogo en algunos Liceos Públicos y expulsar estudiantes no parece ser la mejor forma de restablecerlo.

Referencias

Becerra, L. C. (2008). La convivencia escolar, componente indispensable del derecho a la educación: estudio de reglamentos escolares. Unicef.

Superintendencia de Educación (2016) Informe expulsiones

Terigi Flavia, (2009). Las trayectorias escolares. Del problema individual al desafío de las políticas públicas.

G. de Chile (2011) Ley 20.536  Violencia Escolar

G. de Chile (2019) Ley 21.128 Aula Segura

UNESCO-OPECH (2018). Hacia un mundo sin muros: educación para la ciudadanía mundial en el ODS 4 – Agenda E2030

Véjar, P. (2012). Informe RADDE: Criminalización de la movilización estudiantil en Chile en el año 2011. Santiago: Asociación Chilena pro Naciones Unidas/Foro por el Derecho a la Educación. Retrieved January, 14, 2017.

Abraham Magendzo (2018) Reflexión en torno al proyecto de ley «Aula Segura»

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