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Published on enero 18th, 2017 | by editor

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Minuta sobre desmunicipalización – OPECH

A propósito del proyecto de ley que “crea el sistema de educación pública”, compartimos minuta elaborada por el Observatorio Chileno de Políticas Educativas. También publicamos una presentación al respecto, la cual será parte de la discusión en la Asamblea Nacional Colegio de Profesores de Chile A.G.  esta semana.

Para descargar, en los siguientes enlaces:

Minuta: Nudos Críticos del Proyecto de Ley que Crea el Sistema de Educación Pública. Modificaciones Fundamentales. OPECH

Presentación Sistema Educativo y Desmunicipalización. OPECH

 

Adjuntamos minuta en formato web:

NUDOS CRÍTICOS DEL PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SISTEMA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. MODIFICACIONES FUNDAMENTALES.

DOCUMENTO BORRADOR

Dentro del conjunto de críticas que se le han realizado a este proyecto de ley, nos parece relevante destacar los siguientes elementos:

No se fortalece ni articula la educación pública

–     Se debilita aún más el lugar del Ministerio de Educación, al crearse una dirección de educación pública “dependiente del Ministerio de Educación” (artículo 5),  Ministerio de Educación cuya preocupación CENTRAL debiera ser la educación pública. El Ministerio de Educación ya diezmado en sus funciones con la creación de la Agencia de Calidad y la Superintendencia queda reducido con este proyecto a su mínima expresión.

–     No se propone un nuevo proyecto educativo pedagógico para la educación pública. Chile renuncia a tener un proyecto educativo democrático de país. Prima la definición de calidad de la ley del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación (estándares, medición) con un currículum academicista, fragmentado y sin pertinencia para las mayorías populares.

–     No se propone un sistema nacional articulado de educación pública estatal.

–     La relación que establece el Director Ejecutivo de cada Servicio Local con el Ministerio de Educación mantiene la lógica de sostenedores educativos (art. 11), siendo elegidos por el sistema de alta dirección pública sin ser necesariamente especialista en educación (art.10). Los directores ejecutivos de los servicios locales serán los nuevos sostenedores de la educación, los que competirán con los sostenedores privados por los recursos educativos del estado. Su peso en la generación de los Planes Estratégicos locales los coloca en el lugar de “gerentes” por sobre las comunidades educativas y los consejos escolares. A modo de ejemplo, si el consejo local rechaza dos veces la propuesta de Plan estratégico del director ejecutivo, se aprueba automáticamente la primera propuesta del director (artículo 27). Ver también artículo 15: atribuciones y funciones del director ejecutivo de los servicios locales.

–     No hay medidas reales, concretas y efectivas para fortalecer la matricula pública. Hoy no supera el 35% y se ha constituido como un ghetto para los más marginados/as. No hay un plan nacional de apertura de escuelas y liceos públicos (art 12 k). Por el contrario, la creación y cierre de escuelas sigue siendo un asunto de puntajes y matrículas en el mercado educativo.

–     Se consagra la igualdad de trato por parte del estado hacia escuelas públicas y privadas. Pues se mantiene intacto el sistema de financiamiento por subvención a la demanda, haciendo a las escuelas públicas competir por su financiamiento con las escuelas privadas, competencia en la que siempre ganan los sostenedores privados.

No se des mercantiliza la educación pública

–     Se imponen criterios de gestión de mercado para la educación pública. Se impone la firma de un Convenio de Gestión Educacional (art. 21). La lógica de los convenios de gestión llevará a obligar a las escuelas a subir los puntajes SIMCE tal como lo hacen los convenios de desempeño actuales de los directores. El artículo 24 del proyecto habla de “metas, indicadores y medios de verificación” es decir más estandarización.

–     Las pruebas estandarizadas que empobrecen la educación pública mantienen un rol determinante en la evaluación educativa, por lo cual en la práctica no se podría dar una educación integral, pertinente que plantea el artículo 4.

–     La libertad de enseñanza, entendida como el derecho de “abrir, organizar y mantener establecimientos educativos”, artículo 19 inciso 11 de la Constitución de la República sigue siendo el único derecho educativo garantizado por la Constitución.

El proyecto no plantea una descentralización educativa real

–     No es descentralización real, pues las instancias locales no son resolutivas respecto a aspectos centrales de la educación: currículum, evaluación. Además en su composición  los representantes locales electos por las comunidades son absolutamente insuficientes (artículo 31)

–     Se da un proceso de «recentralización» al exigir a las escuelas una forma particular de gestión a través de los «convenios de gestión educacional» (lógica del new public management)

Medidas indispensables.

–     Establecer un trato preferencial por parte del estado a las escuelas públicas. Con un sistema de financiamiento basal y preferencial que le permita salir de la lógica de competencia, y dar financiamiento adecuado a escuelas públicas que por las características de su alumnado (sectores más vulnerables requieren más personal docente con más horas no lectivas, mayores apoyos psicosociales, etc.). Disposiciones finales artículo cuadragésimo octavo.

–     Establecer claramente la potestad de Ministerio de educación sobre las escuelas públicas. Los servicios locales no pueden ser sostenedores, sino organismos descentralizados, con un carácter distinto al de los sostenedores privados. El dejar de ser sostenedores es central, pues de este modo se podría pensar un sistema de financiamiento especial para lo público y otro para los sostenedores, particulares subvencionados.

–     Establecer redes entre escuelas, Institutos profesionales, centros de formación técnica estatales y universidades públicas en cada servicio local.

–     Aumentar la presencia de representantes de actores educativos locales en los consejos locales.

–     Otorgar funciones resolutivas, y no meramente asesora y consultora  a los consejos locales. Específicamente respecto a temas curriculares, de proyecto educativo y evaluación

–     Establecer un proyecto y un plan nacional de educación pública, discutido democráticamente que especifique los principios educativos de la educación pública y que no tenga relación alguna con el SIMCE que estandariza y hace menos pertinente la educación para las mayorías populares.

–     Eliminar la idea de “Convenios educativos” y en todo caso eliminar toda referencia a alzas de puntaje simce que tanto daño le han hecho a las escuelas en los convenios de mejoramiento educativo de la ley SEP. Eliminar los convenios de desempeño asociados a puntajes simce entre directores de establecimientos y directores ejecutivos de servicios locales (art 15 c).

OPECH, Santiago 12 de enero de 2017

 

 

 

 

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