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Published on julio 15th, 2017 | by editor

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ONU realiza llamado por la defensa del derecho a la educación

En la última reunión del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU, celebrada el 16 de junio de 2017, se abordó la situación actual en la protección y aseguramiento del ejercicio del derecho a la educación, derecho humano universal y consagrado en múltiples declaraciones y pactos por parte de los Estados integrantes de la ONU.

En el documento, el consejo reafirmó la promoción y defensa del derecho a la educación, diagnosticando diversas situaciones que han puesto en entredicho el ejercicio de este derecho, a partir de problemas relacionados al calentamiento global, crisis y conflictos bélicos, así como otras situaciones de violencia que se han vivido en diversos países, tales como los últimos conflictos denunciados en Honduras y Chile que han afectado tanto a universitarios, secundarios como a niños y niñas.

Frente a esto, el documento expresa su firme condena a “los reiterados ataques contra estudiantes, docentes, escuelas y universidades, que obstaculizan la efectividad del derecho a la educación y causan daños graves y duraderos a las personas y las sociedades”.

Además de rechazar la violencia a la que se han enfrentado instituciones y actores educativos en distintos contextos mundiales, el consejo insta a los Estados a asegurar el efectivo ejercicio del derecho a la educación, respecto del cual es una obligación para todos los Estados respetar, proteger y garantizar, a través de acciones tales como:

  • “Crear un entorno propicio en materia de políticas, según corresponda, para el reconocimiento, la validación y la acreditación de los conocimientos, las aptitudes y las competencias adquiridos mediante el aprendizaje no formal e informal, a fin de que ese aprendizaje sea reconocido y utilizado en el sistema de educación formal o el mercado de trabajo;
  • Establecer un marco regulador para los proveedores de servicios educativos, incluidos los que operan de manera independiente o en colaboración con los Estados, inspirado en las obligaciones internacionales de derechos humanos, que prevea, al nivel apropiado, entre otras cosas, reglas y normas mínimas para la creación y el funcionamiento de los servicios educativos, trate de contrarrestar todas las repercusiones negativas de la comercialización de la educación y refuerce el acceso de las víctimas de vulneraciones del derecho a la educación a los recursos y reparaciones adecuados”

El consejo de la onu además insta, en una firme posición, a reglamentar y supervisar a los proveedores privados de servicios educativos, estableciendo mecanismos de rendicion de cuentas a proveedores cuyas prácticas afecten negativamente al ejercicio del derecho a la educación. Además interpela a los Estados a que promuevan actividades de investigación y sensibilización en la sociedad sobre “las amplias repercusiones de la comercialización de la educación en el disfrute del derecho a la educación”.

Otros elementos que considera el documento son el deber por parte de los Estados de promover a través de políticas y medidas necesarias la educación técnica y profesional2; así también se debe velar por el aseguramiento de una educación de calidad, inclusiva, equitativa, y no discriminatoria, eliminando aquellos procesos que inciten a la discriminación de género; y finalmente la protección que deben asegurar los Estados a los centros de enseñanza, desde el nivel pre-escolar hasta el superior, buscando ofrecer entornos seguros, inclusivos y propicios para el aprendizaje, eliminando todas las formas de violencia”en particular la intimidación de los niños, en las escuelas y otros entornos educativos”.

De esta manera podemos ver de qué manera el Estado de Chile viola o incumple los tratados a los que está adscrito, al mantener y asegurar una educación de mercado en todos su niveles educativos, al violentar a través de su policía y otros agentes a niños, niñas y adolescentes, y al mantener un sistema que ha sido catalogado como altamente segregador y discriminador. Es responsabilidad por tanto de la sociedad civil en su conjunto el hacer valer los acuerdos e indicaciones emanadas desde la misma ONU respecto de la defensa del derecho a la educación para todas y todos.

La constitución Chilena no asegura ni resguarda el derecho a la educación, sino que limita la responsabilidad del Estado a resguardar el derecho y deber de los padres a brindar y elegir la educación de sus hijos/as .
Desde la privatización, en dictadura, de Inacap, en Chile la educación técnico profesional superior se encuentra totalmente privatizada, desentendiéndose el Estado de este sector de la educación. Recién en los últimos años, el Estado ha mostrado una incipiente preocupación por este sector educativo, a través de la creación de 15 CFT estatales. Por otro lado, al no ser obligatoria la acreditación por parte de estos planteles, menos de la mitad de las instituciones que brindan este tipo de educación están acreditadas, lo que representa una seria desresponsabilización por parte del Estado respecto a la calidad educativa que ofrecen las instituciones de educación superior Técnico profesional.
Para leer el documento completo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, click aquí.


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