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Published on octubre 29th, 2018 | by editor

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Reflexión en torno al proyecto de ley “Aula Segura”

Abraham Magendzo K.

Premio Nacional en Ciencias de la Educación, 2017

Noviembre, 2018

 

En primer lugar, deseo agradecer la invitación que me hace la Presidencia del Senado para participar en el Coloquio relacionado con el Proyecto de Ley “Aula Segura”

 

Mi contribución la hago a partir de las investigaciones, publicaciones e intervenciones realizadas en torno a la violencia escolar, en especial respecto al Bullying, a la educación en derechos humanos y la formación y educación ciudadana. Todas áreas que se vinculan con el Proyecto de Ley “Aulas Seguras”

 

Desde ya quisiera hacer notar que en mi calidad de educador y en especial educador en derechos humanos no admito ni apruebo ninguna violencia y en particular la violencia escolar. Sin embargo, me parece importante que frente a ella seamos muy reflexivos. Por ende, deseo aportar al dialogo respecto a la Ley “Aulas Seguras” con una serie de preguntas indagadoras y algunas reflexiones en torno a ellas.

 

  1. Primera Pregunta: ¿Se requiere una nueva ley de “Aula Segura” o las leyes que al respecto ya existen son suficiente para avanzar en la seguridad en la cultura escolar?

 

Reflexión: En la presentación que hiciera en la Comisión de Educación y Cultura mi colega Verónica López Leiva, reconocida especialista en el ámbito de la violencia escolar, fue explicita y clara en señalar que no es procedente, como lo hace el Proyecto de Ley que los directores “están atados de manos” y que la legislación actual no les permite actuar rápidamente. Concuerdo con ella que la legislación actual sí contempla los mecanismos para realizar lo anterior. El DFL N° 2 (conocido como el DFL de Subvenciones) del año 1998 contempla, en su artículo 6 letra d, dos vías para decretar una expulsión. La primera aplica cuando un estudiante realiza una conducta impropia reiterada y permanente durante en el transcurso del año escolar. En este caso, el establecimiento escolar debe avisar en un plazo prudente al padre, madre o apoderado de la situación de reiteración y establecer medidas de apoyo pedagógico o psicosocial para el estudiante: “Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, el director del establecimiento deberá haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones e implementado a favor de e l o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento interno del establecimiento educacional, las que en todo caso deberán ser pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre el interés superior del niño o pupilo”.

Más aun, cabe señalar que hace más de diez y seis años, el Ministerio de Educación puso a disposición del sistema escolar la primera versión de la Política de Convivencia Escolar (Política de Convivencia Escolar, MINEDUC. Año 2002/ Reedición año 2003). Documento orientador que con el pasar de los años ha experimentado actualizaciones, considerando los cambios sociales y culturales, y su respectivo correlato en los establecimientos educacionales en las interrelaciones que allí se generan.

Además, el 17 de septiembre de 2011 se aprobó la Ley sobre Violencia Escolar (Ley Nº 20.536) que tiene como finalidad definir y sancionar los hechos que pueden ser considerados como acoso escolar, ya sea dentro o fuera de un establecimiento educacional. Al mismo tiempo establece, para todos los establecimientos educacionales del país, la obligación legal de diseñar estrategias de prevención y protocolos de actuación, para abordar situaciones de hostigamiento o acoso.

Se suman a estas leyes, la Ley N° 20.609 contra la discriminación que fue promulgada el año 2012 y busca resguardar el derecho de las personas a no sufrir ningún tipo de exclusión. Y la Ley nº 20.845 de inclusion escolar que hace refencia la cancelacion de matricula y expulsiones , las que deberán ajustarse a un debido proceso.

  1. Segunda Pregunta: ¿Se estima que con la ley “Aula Segura” se eliminarán o mitigarán los actos de violencia en las escuelas, en especial los actos de extrema violencia?

 

Reflexión: Las investigaciones y la literatura especializada muestran claramente que no existe una relación estrecha entre leyes de tolerancia cero o de “Aula Segura” y la disminución o erradicación de la violencia escolar. Más aun, pensar que una ley resuelve un problema complejo como es el de la violencia escolar es, por decir lo menos, “ingenuo” y “engañoso”. Ingenuo, porque si bien las leyes pretenden regular la convivencia social, es altamente sabido y comprobado que una ley no evita comportamientos sociales indebido e ilícitos. Piénsese, por ejemplo, en las leyes que pretenden eliminar la corrupción, discriminación e intolerancia, la delincuencia etc., que persisten en nuestra sociedad. Engañoso, debido a que la causa de la violencia escolar es multifactorial, es decir intervienen una serie de factores tanto internos como externos. No en vano se sostiene que la violencia escolar reproduce la violencia presente en nuestra sociedad; que las familias disfuncionales – que corresponden por lo general a familias vulnerables – son violentas y condicionan actos de violencia escolar etc.

 

  1. Tercera Pregunta: ¿El Proyecto de Ley “Aula Segura” no estará empleando una estrategia punitiva en vez de educativa para prevenir y atender la violencia en el ámbito escolar?

 

Reflexión: Es importante hacer una distinción entre la delincuencia y violencia que tiene lugar en el espacio público-privado y la que se efectúa en el espacio escolar. Corresponde, sin duda que en el primero se recurra a lo que las normativas penales establecen. Pero transferir automática y mecánicamente prácticas punitivas al plano educativo significa desconocer el propósito que la educación juega en la formación ciudadana, en la transformación social y en el desarrollo integral de las personas.

 

Los programas de justicia restaurativa que se emplean en algunos países (Reino Unido, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Colombia, por ejemplo) promueven un cambio en la cultura sancionadora como vía de ordenación de la convivencia en las instituciones educacionales, impulsando la reparación y la asunción de responsabilidad, no solo en la relación con los hechos sino, muy especialmente con respecto a las soluciones.

 

A mi parecer es antitético y antiético emplear una estrategia violenta como es la punitiva para atender la violencia escolar. Antitético, porque se está utilizando la violencia para combatir la violencia. Antiético, porque se entrega un mensaje carente de una base moral fundamental: el mal nunca se combate con otro mal sino con un bien. La educación en ocasión alguna puede abandonar su ethos ético. Si lo hace, pierde su sentido profundo: la formación de ciudadanos respetuosos del otro como legítimos otros, como iguales pero diversos.

 

  1. Cuarta Pregunta: ¿La expulsión inmediata que propone la ley, acaso no nos retrotrae a épocas pretéritas de nuestra historia reciente donde el Estado empleaba el exilio, el despido, el desahucio, como medidas represivas?

 

Reflexión: A mi parecer, no es exagerado y excesivo hacer un símil entre el exilio y la expulsión. De hecho, en el diccionario uno de los sinónimos de exiliar es expulsar. Ambos términos refieren a “echar o hacer que una persona abandone o salga de un lugar”. El exilio es un drama humano, un método abusivo y opresivo. Es una violación a los derechos fundamentales de la persona que pone en grave riesgo su integridad física y psicológica, es factor desintegrador de la familia y elemento de fractura de la unidad social de una nación.

 

Por su parte, la expulsión escolar, de igual manera, tiene consecuencias no solo en el estudiante expulsado, sino que también en su familia, la relación con sus pares, la escuela que queda estigmatizada. Disminuye las posibilidades de éxito de una reinserción del estudiante expulsado, aumentando la posibilidad de una nueva expulsión, deserción, y con ello las posibilidades que intervenga en actos delictuales. El exilio y la expulsión se oponen claramente a la admisión, a la rehabilitación, la inclusión, la hospitalidad, la acogida, actitudes todas que definen a la sociedad democrática y el sentido profundo de la educación.

 

  1. Quinta pregunta: ¿La familia procedería a expulsar a un hijo que desarrolla actos violentos e incluso delictuales?

 

Reflexión: Los niños y jóvenes se educan preferentemente en la casa y en la escuela. En la casa se aprenden hábitos y valores, a convivir familiarmente, a respetar a los integrantes de la familia, etc. En la escuela, es decir en la casa de estudio, se adquieren conocimientos cognitivos y emocionales, a convivir con otros iguales y diversos, a ser responsables con las tareas asignadas, etc. Tendría sentido que si un niño o joven que desarrolla en la casa o fuera de ésta conductas violentas y agresivas, intolerables e incluso ilegales, los padres lo expulsarían de la casa o más bien buscarían formas de rehabilitarlo. Por supuesto que una casa bien constituida evitaría la expulsión y buscaría forma de rehabilitarlo.

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