EDITORIAL
Esta semana el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad
de la Educación entregó su informe final a la Presidenta,
pese a pasar casi inadvertido por el revuelo causado por la muerte del
ex dictador. Este Consejo nació como una respuesta gubernamental
a las demandas de cambios profundos al sistema educativo, planteadas por
el movimiento de estudiantes secundarios en el mes de mayo. Después
de casi seis meses de trabajo de este Consejo, quisiéramos plantear
algunas conclusiones preliminares sobre el significado de esta experiencia.
En primer lugar, valorar que representantes del mundo
social de la educación, líderes del incipiente movimiento
social que logró articularse al interior del denominado Bloque
Social, demostraron que tienen mucho que decir y aportar en un tema tan
sensible para los chilenos y chilenas. El hecho que el movimiento social
participe y recomiende lineamientos en las políticas públicas,
no es nuevo en la historia de nuestro país. En muchas oportunidades
los sectores organizados de la sociedad civil han entregados sus aportes,
pero pocas son las veces en que la clase política ha tomado esos
aportes para hacerlos realidad. Esperamos que esta vez no se repita la
historia. Invitamos a nuestros lectores a revisar un resumen de estas
propuestas en el
documento descargable que encontrarán adjunto. Por otra parte,
la reciente decisión del Bloque Social de no suscribir el informe
final del Consejo, generó una polémica en los medios de
prensa, al respecto los invitamos a revisar una declaración
de OPECH sobre el tema.
En segundo lugar, este Consejo inauguró la política
de participación ciudadana anunciada por la Presidenta Bachelet
durante la campaña presidencial pasada. A los sectores más
conservadores de nuestro país les resultó incomprensible
que junto a los llamados “técnicos” diseñadores
de políticas y a los representantes de grupos empresariales y religiosos
(siempre invitados en otras comisiones formadas durante los últimos
años), fueran incorporados al Consejo los actores sociales. Digamos
al respecto que esta polémica solo se da en nuestro país.
En varios países de América Latina se han implementado procesos
de diálogo y consulta sobre políticas educativas, con un
carácter mucho más inclusivo desde el punto de vista social.
A modo de ejemplo, este año en Bolivia se discutieron varias leyes
de educación, que surgieron de debates ampliamente participativos
de diversas organizaciones civiles ligadas al mundo de la educación.
En Nicaragua, el nuevo ministro de educación que asumirá
en Enero, planteó que la LOCE nicaragüense –hija de
la LOCE chilena- será derogada, puesto que el movimiento social
asumió, en un proceso de debates que duró varios años,
que esa ley era la responsable de tener uno de los peores sistemas educativos.
En Uruguay, se desarrolló durante todo este año el Congreso
de Educación, un debate en el que participaron miles de personas
y que culminará con un nuevo marco institucional para la educación,
algo similar ocurrió en Bs. Aires- Argentina. La mayoría
de los países está avanzando hacia procesos mucho más
amplios y participativos a la hora de definir las políticas educativas.
En nuestro país queda mucho por hacer para incorporar efectivamente
a la ciudadanía a los procesos de toma de decisiones, para alcanzar
un gobierno ciudadano.
Por otro lado, respecto al contenido mismo del informe,
éste muestra posturas irreconciliables. Algunas con un marcado
carácter mercantilista, en las que se defiende el derecho al lucro
con los recursos del Estado y en las que predomina un afán de continuidad
con el modelo educativo mercantil. Otras posturas, más realistas
y apegadas al sentir del mundo social, que solicitan cambios estructurales
al modelo educativo, que demostró su inoperancia en estos ya casi
25 años de “reformas”. Lamentamos que el Consejo no
sesionara con una orientación más clara hacia las transformaciones
de fondo que reclamaron los estudiantes, tal como fue señalado
en sus inicios.
Hacia el futuro inmediato, quedan al menos dos problemas
pendientes. En primer lugar, se requiere conocer cuál es la posición
de este gobierno respecto a los cambios que se solicitan. Aún no
lo sabemos. En segundo lugar, se requiere conocer con urgencia, las leyes
que el ejecutivo enviará al parlamento y no esperar hasta el mes
de abril (es decir cuatro meses) para comenzar a conocer lo que se pretende
hacer. Esperamos que en ellas se recojan las propuestas que responsablemente
ha planteado el Bloque Social.
Observatorio Chileno de Políticas Educativas
